Informe amnistia

19 de noviembre de 2010

20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos de la Infancia

La ONU vuelve a pedir a España que garantice los derechos de los menores en centros de protección terapéuticos

AI valora los pequeños pasos dados por el Gobierno español, pero no encuentra respuestas a los abusos cometidos contra estos menores

Madrid.- Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, mañana 20 de noviembre, Amnistía Internacional (AI) vuelve a pedir a las autoridades españolas que se adopten medidas urgentes para garantizar los derechos humanos de los menores en centros de protección terapéuticos. Para ello la organización pide que se incorporen a la legislación las últimas recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, el pasado mes de septiembre, entre ellas, que se garantice el acceso al mismo nivel de servicios de estos menores con independencia del lugar donde vivan, mediante una Ley estatal.


Preocupaciones de Naciones Unidas sobre los menores en protección
El 15 de septiembre, el Estado español tuvo que rendir cuentas antes dicho Comité sobre la situación de los menores en los centros de protección terapéuticos. El Comité volvió a expresar su preocupación ante los procedimientos de diagnóstico para la derivación de los menores a estos centros y la ausencia de autorización judicial, especialmente cuando dichos procedimientos constituyen una forma de privación de libertad. E insistió en la falta de información sobre los mecanismos de control y supervisión para asegurar que se respetan los derechos de los menores, y sobre la existencia de sistemas de presentación de quejas.

Las preocupaciones planteadas por el Comité de los Derechos del Niño coincidieron con la publicación del informe Si vuelvo me mato II (septiembre 2010), donde Amnistía Internacional denunciaba que el sistema que vulnera los derechos humanos de estos menores sigue intacto, un año después de que el Defensor del Pueblo denunciara la situación de estos menores, y 9 meses después del primer informe de Amnistía Internacional. Para la organización la protección de estos menores está en peligro al no existir normas mínimas comunes en todo el territorio español compatibles con el interés superior del menor. AI, al igual que el Comité, insistía en la falta de información y de datos actualizados y públicos sobre la situación de los menores ingresados en centros de protección terapéuticos; y en que los ingresos se llevan a cabo sin supervisión judicial y bajo criterios dispares según la Comunidad Autónoma en que se produzca.

La respuesta de la Administración central, tanto a AI como al Comité de Naciones Unidas, sigue siendo la existencia de limitaciones por las competencias delegadas de las Comunidades Autónomas. Para Amnistía Internacional esta alegación colisiona con lo establecido en la Constitución española, en artículos como el 149.1, donde se reserva como “competencia exclusiva” del Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en cumplimiento de los deberes constitucionales”. Por su parte, las Comunidades autónomas han mostrado más preocupación por su propia imagen que por una revisión seria de su normativa, políticas y acciones institucionales, llegando a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social.

En este sentido, el Comité ha recomendado al Gobierno español:

• que se garantice a todos los menores el acceso al mismo nivel de servicios con independencia del lugar donde vivan;
• que la derivación de los menores a estos centros se trate como medida excepcional, de último recurso, con tiempo de estancia limitado, y con evaluaciones continuas al menor;
• que el ingreso en estos centros sólo se produzca con autorización judicial y después de respetar el derecho del menor a ser escuchado;
• que se establezca un mecanismo independiente que controle las condiciones de los centros y reciba las quejas de los menores;
• y que se estudie el preocupante aumento de la prescripción de psico estimulantes para trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y se ofrezca un amplio abanico de medidas de salud mental infantil


Repuesta débil de la administración
Ante las recomendación del Defensor del Pueblo, de Amnistía Internacional y del propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la respuesta de la Administración sigue siendo débil. Por un lado, la Comisión Especial de Estudio de la problemática de la adopción y otros temas afines del Senado, aprobaba el pasado 16 de noviembre una serie de recomendaciones relacionadas, entre otras, con la desigualdad en el trato a los menores, al no existir normas comunes para todas las Comunidades autónomas. La Comisión también ha insistido en que el internamiento de menores en centros de protección terapéuticos debe ser siempre una medida excepcional, recomendado además las prohibición del ingreso de los menores de 6 años.

Y por otro, el Gobierno central junto a la Comunidades autónomas están elaborando un Protocolo Básico de Actuación en Centros y/o residencias con menores diagnosticados de trastornos de conducta, que sigue sin dar una respuesta adecuada a la situación denunciada. Para AI este Protocolo:

• Es un documento sin vinculación jurídica para las Comunidades Autónomas, por lo que sigue sin abordar la disparidad existente en cuanto al acceso a servicios dependiendo del lugar donde vivan estos menores.
• No aborda una definición de qué se entiende por "menor con trastorno de conducta". Tampoco aporta ninguna información sobre diagnósticos y criterios de derivación de estos menores.
• No regula la necesidad de autorización judicial para el ingreso de los menores en estos centros.
• Justifica la existencia de centros "que habitualmente utilicen medidas de contención", pese a que dichas medidas están prohibidas por la legislación internacional, que sólo contempla su uso de manera excepcional y bajo supervisión médica.
• Recoge medidas de contención, régimen disciplinario y sanciones similares a las que se aplican a menores en centros de reforma, es decir, centros donde menores que han cometido algún tipo de delito cumplen medidas legales. Con la diferencia de que los menores con trastorno de conducta que no han cometido ningún delito y que serán regulados por este Protocolo, no cuentan con garantías legales para controlar cualquier tipo de abuso o violación que se puedan cometer la aplicación de dichas medidas sancionadoras.
• No contempla el derecho del menor a ser informados sobre la medicación que van a recibir, e incluso el derecho a rechazar un tratamiento y que dicho tratamiento sea prescrito y administrado por personal médico cualificado.


Petición de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades que se desarrolle una ley estatal que proteja los derechos de estos menores, tomando como guía las normas internacionales y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de menores. Esta ley debe:

• evitar la discriminación entre los menores según la Comunidad Autónoma en la que vivan,
• garantizar el control judicial de todas las medidas que supongan privación de libertad,
• articular mecanismos para evitar que se cometan abusos contra los menores, e investigar de manera exhaustiva e imparcial las alegaciones de abusos, garantizando a quienes denuncia que no serán objeto de represalias.


Información complementaria
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU lleva observando desde 2002 que existen distintos procedimientos de protección de la infancia en las 17 Comunidades Autónomas españolas y que éstos no son siempre compatibles con el interés superior del menor. Los ingresos en los Centros de Protección Terapéuticos, la permanencia, el régimen interno, el acceso a asistencia y los tratamientos en materia de salud demuestran desigualdades territoriales y permiten deficiencias y prácticas que contravienen al menos nueve artículos de la Convención de los Derechos del Niño.

En noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas abordó también la situación de los centros de protección para menores con trastornos de conducta y en dificultad social en España. El Comité expresó su preocupación por las condiciones de estos menores, el uso de las medidas de aislamiento y la administración de fármacos sin las debidas garantías, y estableció recomendaciones al respecto. Se espera que el Gobierno español responda a estas recomendaciones del Comité ahora en noviembre de 2010.

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Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo o Carmen López
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